Se desarrolló hoy la primera audiencia del juicio por exacciones ilegales

El juicio oral y público en el que se juzga al ex Presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), Adrián Rubén Arias acusado de haber realizado exacciones ilegales se inició este lunes en Río Grande.

En la apertura del juicio, el Fiscal Mayor Dr. Guillermo Quadrini dio lectura al requerimiento de elevación a juicio por el cual solicitó que el imputado sea juzgado por el delito de concusión, tipificada en el artículo 268 (1) del Código Penal.

Ese delito establece la pena de reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua para el funcionario que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Al ser convocado por el Presidente del Tribunal de Juicio para efectuar la declaración indagatoria, el imputado Arias se negó a declarar, e invocó el uso de su derecho, con asistencia del Defensor Oficial, Doctor Gustavo Ariznabarreta.

El empresario Oscar Tapia, víctima del pedido de una suma de dinero para gestionar el cobro de Letras de Tesorería ante el Gobierno Provincial inició la ronda de testigos.

En un pasaje de la audiencia, como parte de los objetos de prueba, el Fiscal Quadrini solicitó que por Secretaría se exhiba el vídeo en el que se filmó al imputado reclamando una diferencias en el cobro de un pago de 40 mil pesos acordado para destrabar el canje de Letras de Tesorería.

Propuestos por la Fiscalía y la Defensa fueron convocados a testificar el abogado Leonardo Plasenzotti y Sergio Guzmán. En tanto que sólo por la Defensa, Gladys Dure Batchke.

El Tribunal esta presidido por el Doctor Juan José Varela, y los vocales: Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Ernesto Borrone.

El ex funcionario del IPRA fue procesado por el juez Eduardo López el 29 de mayo de 2013 y confirmado por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones el 16 de diciembre de 2013 por el delito de exacciones ilegales.

La figura de exacciones ilegales está prevista en el artículo 266 del Código Penal y contempla una pena de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años para el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos de los que corresponden.

El Tribunal de Juicio decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este martes a las 10 de la mañana, momento en que se darán a conocer los alegatos.